Editorial: La Responsabilidad Penal de Guillermo Américo Córdoba y sus Implicaciones

La Responsabilidad Penal de Guillermo Américo Córdoba y sus Implicaciones

El reciente fallo del Tribunal de Juicio de Goya, que declaró por unanimidad la responsabilidad penal del concejal Guillermo Américo Córdoba, es un acontecimiento que resuena profundamente en el ámbito político y social de nuestra comunidad. Córdoba, miembro del partido justicialista y del Movimiento Evita, ha sido hallado culpable de delitos graves, incluyendo abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple. Este veredicto no solo señala un triunfo de la justicia para las tres mujeres afectadas, sino que también lanza un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia la violencia de género en todas sus formas.

Los hechos denunciados, que tuvieron lugar entre 2022 y 2023, revelan una realidad desgarradora que afecta a muchas mujeres en nuestra sociedad. La decisión del tribunal, presidido por el doctor Jorge Carbone, acompañado de los vocales Julio Duarte y Ricardo Carbajal, demuestra que las instituciones judiciales están dispuestas a actuar con firmeza en casos de abuso. Sin embargo, la absolución de Córdoba por los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad, debido a insuficiencia probatoria, resalta la complejidad de estos casos, donde la carga de la prueba puede ser una trampa para las víctimas.

El hecho de que Córdoba continuara en funciones durante el proceso judicial plantea interrogantes sobre la responsabilidad política y ética de los representantes elegidos. La espera hasta la audiencia de cesura de pena el 23 de septiembre deja en el aire la pregunta sobre la moralidad de ejercer un cargo público en estas circunstancias. La ciudadanía debe reflexionar sobre el tipo de liderazgo que se merece y exigir un compromiso real con la erradicación de la violencia de género.

Las audiencias, que contaron con la declaración de 19 testigos y los alegatos de fiscales y defensores, evidencian un proceso judicial que, a pesar de sus dificultades, busca dar voz a quienes han sido silenciadas. En este contexto, es crucial que el sistema judicial no solo castigue a los culpables, sino que también brinde un espacio seguro para que las víctimas se sientan apoyadas y escuchadas.

Este caso es un recordatorio de que la lucha contra la violencia de género es un desafío colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. La política no debe ser un refugio para quienes abusan de su poder. La comunidad debe permanecer atenta y exigir transparencia y justicia, no solo por las víctimas de este caso, sino por todas las mujeres que enfrentan situaciones similares en el silencio.

La decisión del tribunal es un paso importante, pero el camino hacia la justicia y la igualdad es largo. Es momento de que la sociedad se una en un compromiso renovado para garantizar que tales actos de abuso no queden impunes y que quienes ocupan cargos de poder sean responsables de sus acciones. La verdadera justicia exige no solo castigo, sino también un cambio cultural que erradique la violencia y promueva el respeto y la dignidad de todas las personas